El 'trapo sucio' que le sacaron por tocar a quien 'no debía'

Al finalizar noviembre, dos meses después de haber tomado a su cargo la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, en la SEGOB, Arturo Escobar, exdirigente del Partido Verde de México (PVEM) anunció que dejaba ese puesto. La Fiscalía Especializada para Delitos Electorales /FEPADE) hizo público que solicitaría una orden de aprensión en su contra acusándolo de delitos electorales cometidos antes y después de las elecciones federales de junio pasado.

La noticia llamó la atención por configurar un hecho sin precedentes, por primera ocasión la autoridad electoral procedía en contra de un alto funcionario público. Los grupos que se habían pronunciado en contra de Arturo Escobar como subsecretario se dijeron satisfechos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó que se mantendría la alianza programática y legislativa con el PVEM.

El senador del PVEM, Pablo Escudero, en defensa de Arturo Escobar, señaló que el titular de la FEPADE, Santiago Nieto había violado el debido proceso y los derechos fundamentales de Escobar, por lo que pidió que fuera investigado el fiscal, “ya que cometió delitos contra la administración de justicia al divulgar información confidencial del procedimiento".

El desarrollo de los acontecimientos de este caso dejó al descubierto la politización de un tema de aplicación de la ley, por parte de la Fepade, en el que las partes se disputan la razón para tratar de defender sus intereses.

El PVEM procedió a investigar al Fiscal Santiago Nieto e hizo público que fue empleado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el PRI señaló de inmediato que no podía estar al frente de la fiscalía quien mintió, ocultando información, cuando se llevó a cabo el procedimiento en el Senado para su designación, lo que fue considerado “delicado que le haya ocultado a los senadores que trabajó y cobró para el PRD.”

La difusión del hecho de que Santiago Nieto fue empleado del PRD marcó la pauta para que los grupos parlamentarios en el Senado y los partidos se manifestaran a favor o en contra de su presencia al frente de la FEPADE, con posiciones que por una parte cuestionan su imparcialidad por su militancia política y otros destacan su “valentía” al haber procedido en contra de Arturo Escobar, a pesar de sus nexos con el gobierno y el partido en el poder.

La Jueza Décimo Primera de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, Rosa María Cervantes Mejía, negó girar la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar al considerar que la FEPADE no logró acreditar el tipo penal que le imputó ya que los hechos no se ajustan al delito que se considera en el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que indica que es ilegal que una persona por sí misma o con ayuda de terceros "destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie en favor de algún precandidato, candidato o partido político", cuando existe prohibición legal para ello, o cuando se usen recursos ilícitos.

El dictamen de la jueza negando la orden de aprensión contra Escobar estimuló la manifestación a favor y en contra de la determinación. Apoyó el PVEM que consideró que la resolución de la jueza confirmaba “la mala intención que tuvo el fiscal especial para delitos electorales, Santiago Nieto, al hacer la consignación de un expediente que no tuvo los elementos jurídicos para concederla y confirma los tintes políticos para hacerlo del dominio público, para no respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y buscar fama.”

Las posiciones de los que apoyan a Escobar demandan que el Senado cese de su puesto al fiscal Nieto mientras otros expresan que el fallo de la Jueza se debe a presiones políticas ejercidas por el gobierno federal y el PRI, en defensa de su aliado estratégico.

El desenlace de este caso todavía está lejano, pero lo transcurrido pone en evidencia la fragilidad en la que puede estar un poder autónomo, como es la FEPADE, como sucede con la mayoría del andamiaje electoral relacionado con la disputa por el poder, se ha partidizado y el criterio que opera en la designación de los titulares de las instituciones, es el de las cuotas que negocian los partidos en función de sus intereses y no pensando en la consolidación y madurez de la joven democracia mexicana.

Hoy tenemos en la escena política a un fiscal como Santiago Nieto que, por atreverse a “tocar” con el “pétalo” de la ley a Arturo Escobar denunciado por cometer delitos electorales, que millones en el país vieron, es investigado con la intención de someterlo.

El precedente es delicado porque entonces en el futuro los que tengan que atender los asuntos de justicia electoral podrían sentirse amenazados por quienes desde alguna de las partes del Estado se levantan con intención de revancha, no se puede tolerar que en la aplicación de la ley el acusador pase a ser acusado, por algunos que abusan del poder.

Si hoy el Fiscal Santiago Nieto es puesto en el banquillo de los acusados y la intriga procede, estaremos frente al triunfo de una trampa para quitarlo. Con ello se vulnera la credibilidad de las instituciones que los propios legisladores crean, pero como le sucedió al IFE y ahora al INE, cuando no dejan pasar sus abusos, le organizan una “guerra sucia” para imponer su criterio. Lo demás no importa.

Te puede interesar:


Cargando...